EL TS CONSIDERA LESIVO DE LA INVIOLABILIDAD DEL DOMICILIO LA VIGILANCIA POLICIAL CON PRISMÁTICOS

La Sala de lo Penal del TS, en su Sentencia 329/2016, de 20 de abril, sostiene que el uso de prismáticos por la policía, sin autorización judicial, para la vigilancia de un domicilio constituye una lesión del artículo 18.2 CE.

EL BVerfG NIEGA QUE LA LEY FUNDAMENTAL DE BONN ESTABLEZCA DIRECTAMENTE DERECHOS A FAVOR DE LA OPOSICIÓN PARLAMENTARIA

El BVerfG en su decisión 2 BvE 4/14 del II Senado, de 3 de mayo de 2016, sostiene que la LFB no establece derechos específicos de los grupos parlamentarios de oposición, ni cabe derivar de ella el reconocimiento de esos derechos.

http://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2016/bvg16-022.html

NUEVA SENTENCIA DEL TEDH SOBRE LIBERTAD DE EXPRESION Y REPRESION DE MANIFESTACIONES

El TEDH en el caso Novikova and others v. Russia de 26 de abril de 2016 considera injustificada  desproporcionada la sanción impuesta por la autoridada administrativa a manifestantes que habían sido detenidos y se habían quejado sin violencia sobre lo injustificado y las condiciones de su retención gubernativa. Una sentencia interesante en la que analiza desde la óptica de la libertad de expresión casos de "solo demonstration" en los que se portaba o leía un texto de protesta lo que motivó la detención de los manifestantes y en algunos casos la imposición de una sanción administrativa por desórdenes.

EL BVerfG CONSIDERA COMPATIBLE EN PRINCIPIO CON LA LFB EL EMPLEO POR LA POLICÍA DE DISPOSITIVOS OCULTOS DE VIGILANCIA PARA LUCHAR CONTRA EL TERRORISMO INTERNACIONAL

El Primer senado del BVerfG así lo ha considerado en su sentencia de 20 de abril de 2016, 1 BvR 966/09, 1 BvR 1140/09.

EL TC ESTIMA CORRECTO MODULAR LOS EFECTOS DE UNA SENTENCIA QUE AMPARA DERECHOS FUNDAMNETALES

El TC en su Sentencia de la Sala II de 30 de marzo de 2016 desestima el recurso de amparo interpuesto contra una sentencia de una AP que había evitado la retracción de los efectos de su fallo estimatoria de la lesión del derecho a la tutela efectiva de los demandantes. La AP había reconocido que se había vulnerado la tutela judicial efectiva de la acusación particular en un proceso penal por lesiones que se había sobreseído porque el menor acusado de agredir a otro había aceptado extrajudicialmente compensar su acción con trabajos para la sociedad. El TC considera que la AP no incurrió en manifiesta irrazonabilidad, arbitrariedad o error cuando razona que en ese caso no cabía retrotraer las actuaciones. El TC considera que hay casos en los que amparar un derecho puede provocar la afectación de otros derechos, bienes e intereses dignos de protección constitucional, lo que aconseja modular los efectos del amparo. En el caso de autos, el interés superior del menor justificaba la razonable decisión de la AP.  

EL TC, LEGISLADOR PROCESAL

El Pleno del TC el 26 de marzo de 2016 ha dictado Sentencia en una autocuestión relativa al artículo 102 bis 2 LJCA que establece la irrecurriblidad de ciertas decisiones de los secretarios judiciales. El TC considera que en el caso de procesos en los que se afecta a derechos fundamentales, es contrario al art. 24 CE y contra el principio de monopolio de la jurisdicción en jueces y tribunales, que ciertas decisiones de los secretarios no se puedan recurrir. Lo realmente interesante de esta Sentencia no es esta conclusión -de todo punto lógica y coherente con el art.24 y 117 CE- sino la decisión del Pleno de fallar acordando que, mientras el legislador no reforme este precepto, esas decisiones deben poder recurrirse. No es la primera vez que lo hace el TC, como es bien sabido, actuar de legislador procesal y suplir omisiones legislativas o reparar inconstitucionalidades estableciendo trámite procesales donde no los había.

EL BVerfG AFIRMA QUE SÓLO EL ESTADO PUEDE ACREDITAR LOS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS OFICIALES

El BVerfG en su decisión del Senado 1º, 1 BvL 8/10 de 17 de febrero de 2016, ha afirmado que es contrario a la libertad científica y de cátedra que sean agencias privadas las que puedan acreditar estudios superiores oficiales. A juicio del BVerfG es el Estado el que tiene la competencia para acreditar los estudios superiores oficiales porque es el mecanismo de garantía de la calidad de esa oferta y el respeto a las libertades científica y de cátedra.

http://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2016/bvg16-015.html