El TEDH se pronunció en el caso Popovi v. Bulgaria sobre el caso de un alto funcionario del Gobierno que fue juzgado por un caso de corrupción. Su arresto fue objeto de una amplia cobertura mediática. El TEDH ha considerado que la actuación policial fue desproporcionada, sin que el recurrente pudiera actuar contra los oficiales al mando de la operación; considera que las declaraciones del Ministro del Interior vulneraron su presunción de inocencia, y la cobertura mediática lo hizo de su derecho a la vida privada.
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